Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- Un juez penal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que inició el día anterior. La decisión fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja en la Ciudad de México, donde se fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
La acusación central de la Fiscalía General del Estado de Baja California se basa en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se materializó, lo cual habría generado un daño al erario estatal. Según las cifras presentadas en el caso, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. Las autoridades investigan las irregularidades en los permisos y los compromisos financieros adquiridos durante la gestión de Bonilla, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021.
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez ha argumentado que los pagos de 123 millones de pesos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, fecha en la que él ya no se encontraba en funciones como gobernador. Asimismo, el exmandatario sostiene que su administración únicamente tenía la obligación de pagar por un servicio y no de construir la planta, contradiciendo la versión fiscal que señala responsabilidades directas en la obra inconclusa.
La resolución judicial obliga ahora al exgobernador a enfrentar un proceso penal mientras la Fiscalía recaba más elementos probatorios durante el próximo semestre. Este caso cobra relevancia política dado que Bonilla Valdez asumió posteriormente la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT) en Baja California, manteniéndose como una figura activa en la vida pública de la región fronteriza.
El desarrollo del caso Next Energy pone bajo escrutinio las operaciones de contratos de energía renovable firmados en la administración pasada y deja abierta la interrogante sobre la situación de otros colaboradores que podrían estar involucrados en las irregularidades denunciadas. La audiencia, celebrada en la capital del país, marca un nuevo capítulo en la serie de controversias legales que han acompañado al exgobernador desde el final de su mandato.