Ciudad De México, 02 de julio de 2026.- Las ganancias ilícitas derivadas del robo y contrabando de combustible son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, según un reporte del gobierno de Estados Unidos elaborado por el Departamento del Tesoro.
El documento indica que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa emplean los recursos del mercado ilícito de hidrocarburos para “favorecer la elección de políticos” que protejan sus intereses. Asimismo, estos grupos criminales logran colocar “aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano”, una estrategia que, según la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), facilita las operaciones de contrabando y el acceso a contratos públicos para lavar dinero.
El informe detalla el esquema denominado “huachicol fiscal”, definido como un mecanismo de evasión fiscal y lavado de dinero que consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia México eludiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). La operación inicia cuando comercializadores estadounidenses adquieren combustible en terminales de exportación de Texas para canalizarlo hacia empresas fachada y compañías fantasma.
Para evitar el pago de impuestos, los cargamentos que cruzan la frontera mexicana en camiones cisterna, trenes o embarcaciones son “declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos”. FinCEN afirma que este proceso es facilitado mediante actos de corrupción en las aduanas. Además, intermediarios mexicanos utilizan permisos que les permiten comercializar pero no importar combustibles, por lo que presuntamente recurren a “documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense del producto”.
Una vez en territorio nacional, el combustible es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales y distribuido mediante gasolineras fachada o puntos de venta irregulares conocidos como “cachimbas”. Citando estimaciones del gobierno de EE.UU., FinCEN sostiene que entre “una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito”.
Para el flujo de recursos, los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables (stablecoins) y depósitos estructurados en efectivo para enviar fondos a proveedores en Estados Unidos. El dinero presuntamente es lavado mediante la adquisición de vehículos.