Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de una iniciativa para expedir la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el delito de feminicidio. El objetivo de la propuesta es contar con un marco jurídico único que permita a todas las fiscalías del país acabar con la impunidad y desarrollar políticas efectivas para la prevención de este delito.
Durante la presentación de la iniciativa, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, detalló que el proyecto fue construido en conjunto con la Secretaría de las Mujeres. La propuesta establece una pena de prisión de 40 a 70 años para los responsables, sanciona la tentativa de feminicidio y contempla 21 agravantes para endurecer las condenas.
La iniciativa busca homologar el tipo penal de feminicidio en todo el territorio nacional y obliga a las autoridades a investigar las muertes violentas de mujeres bajo la hipótesis inicial de feminicidio, aplicando una perspectiva de género. Esta medida pretende evitar que los casos se clasifiquen erróneamente como suicidios u otros delitos, asegurando una investigación adecuada desde el inicio.
El anuncio se realiza en un contexto de violencia de género, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reporta 54 feminicidios registrados en lo que va de 2026. Las entidades con mayor concentración de estos casos son Sinaloa con ocho, seguidas por la Ciudad de México, el Estado de México y Tamaulipas, con cuatro registros cada una.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, manifestó su apoyo total a la iniciativa legislativa. Monreal aseguró que ya había conversado con la Presidenta sobre su intención de enviar la propuesta y confirmó que la bancada de Morena la respaldará sin duda en el proceso legislativo.
Con esta acción, el Ejecutivo federal busca establecer una ley reglamentaria avanzada que unifique criterios de investigación y sanción, respondiendo a la necesidad de reducir la impunidad en los delitos contra las mujeres y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.