Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la constitucionalidad de los artículos de la Ley Minera que reservan al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio en México. La resolución, emitida este martes 24 de marzo, responde a la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por senadores de oposición, quienes impugnaban la reforma que nacionaliza el manejo de este mineral estratégico.
El pleno del máximo tribunal actuó por unanimidad para avalar los artículos 1, 5 bis y 10 de la normativa vigente. La ministra Sara Irene Herrerías Guerra fungió como ponente del proyecto que finalmente fue aprobado por los ministros integrantes de la Corte. Con esta determinación, se confirman las disposiciones que prohíben la emisión de concesiones a particulares para actividades relacionadas con el litio y declaran zonas de reserva minera a los yacimientos de este recurso.
La resolución judicial también respalda la previsión legal para la creación de un organismo público descentralizado encargado de la gestión del litio. Este ente tendrá la facultad exclusiva para llevar a cabo la cadena de valor del mineral, desde su extracción hasta su comercialización, sin la participación de inversionistas privados en la etapa de explotación.
La acción de inconstitucionalidad había sido presentada previamente por un grupo de senadores de la oposición, argumentando vicios en el proceso legislativo y afectaciones a derechos adquiridos. Sin embargo, los argumentos expuestos en la demanda no prosperaron ante el criterio de los ministros, quienes consideraron que la reserva al Estado de este recurso no contraviene el marco constitucional.
Con este fallo, se cierra la vía judicial ordinaria respecto a la validez de la reforma del sector minero en lo concerniente al litio, consolidando el modelo de gestión estatal planteado por el gobierno federal. La decisión de la SCJN establece un precedente firme sobre la propiedad y administración de los recursos minerales considerados estratégicos para la transición energética en el país.