Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- En una histórica decisión, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han aprobado un paro nacional indefinido en protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En una votación virtual supervisada por un notario público, de un universo de 1,403 juzgadores, 1,202 votaron a favor de la suspensión de actividades jurisdiccionales, mientras que 201 se opusieron. El paro, que afecta al menos a 29 estados del país, comenzará oficialmente 21 de agosto.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) fue la encargada de organizar la votación, convocando a jueces, magistrados, así como a asociados y jubilados a expresar su opinión a través de una plataforma digital.
La decisión de parar actividades ha sido calificada como crucial para la defensa de la autonomía del Poder Judicial, un pilar esencial en la preservación del sistema democrático en México.
El movimiento ha generado protestas en diversas partes del país, con trabajadores del Poder Judicial manifestándose en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Mérida, y Oaxaca. En lugares como Cuernavaca y Ciudad Juárez, las manifestaciones se han intensificado, con advertencias de que el paro indefinido se extenderá a más estados a lo largo de la semana.
Las críticas principales se centran en la propuesta de elección popular de jueces, lo que según los manifestantes, desmantelaría la carrera judicial y afectaría las condiciones laborales del personal judicial.
Este paro sin precedentes marca un punto de inflexión en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, evidenciando una tensión creciente ante la posibilidad de que se vulnere la independencia judicial. A medida que las protestas se extienden, se prevé un fuerte debate sobre el futuro del Poder Judicial en México y su papel como contrapeso en la defensa de los derechos de la ciudadanía.