Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este martes a Ecuador de bombardear territorio colombiano, denunciando la existencia de 27 cuerpos calcinados, mientras su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, rechazó las imputaciones y aseguró que sus fuerzas actúan contra el crimen organizado dentro de sus fronteras. La grave acusación, hecha pública a través de redes sociales, marca un nuevo y peligroso escalón en la tensa crisis diplomática que ambos países arrastran desde enero, caracterizada por acusaciones mutuas sobre el control del narcotráfico y una guerra comercial con aranceles de represalia.
“Están bombardeándonos desde Ecuador… no queremos ir a una guerra”, afirmó Petro en una declaración durante un consejo de ministros, añadiendo que los ataques “no parecen ser ni de los grupos armados […] ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”. Por su parte, el mandatario ecuatoriano respondió de manera categórica: “Sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio”. En declaraciones a la revista Semana, Noboa precisó que las operaciones militares están dirigidas contra “estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el Gobierno de Petro deja pasearse por la zona”.
La disputa se centra en la interpretación de lo ocurrido en la extensa y compleja zona fronteriza, que abarca más de 600 kilómetros y es un corredor habitual para disidencias de las FARC, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Mientras Colombia sostiene que fue atacada, Ecuador insiste en que sus acciones son de soberanía nacional contra grupos delictivos que, según Quito, se infiltran desde Colombia debido a una supuesta “permisividad” del gobierno de Petro.
Además de la denuncia de los bombardeos, Noboa lanzó otra acusación grave, señalando que el gobierno colombiano habría dado cobijo a familiares del narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias ‘Fito’, líder de la banda Los Choneros. Esta imputación añade otro capítulo personal a la ya enconada disputa bilateral, que ha visto colapsar los canales diplomáticos formales de diálogo.
El conflicto tiene sus raíces en una “guerra comercial” iniciada en enero, cuando Ecuador impuso aranceles de hasta 50% a una variedad de productos colombianos, argumentando la necesidad de proteger su economía y seguridad ante el flujo de drogas y criminales. Colombia respondió con medidas recíprocas, congelando una relación comercial que históricamente ha sido estrecha. La retórica se ha vuelto cada vez más áspera, con ambos presidentes utilizando un lenguaje directo y acusatorio a través de medios y redes sociales.
La falta de una verificación independiente sobre los hechos denunciados por Petro —como la ubicación precisa de los supuestos bombardeos o la identidad de las víctimas— dificulta esclarecer la situación sobre el terreno. Tampoco se ha especificado el tipo de aeronave o armamento supuestamente utilizado. La crisis pone en evidencia la volatilidad de la región y cómo la lucha contra el crimen organizado transnacional puede derivar en conflictos interestatales de alta tensión, con un discurso que ya roza la amenaza de un conflicto armado abierto.
El escenario actual deja a ambos países en una peligrosa encrucijada. Sin mecanismos de diálogo operativos y con acusaciones que tocan la soberanía y la integridad territorial, la comunidad internacional podría verse llamada a mediar para evitar una mayor escalada. La situación también involucra indirectamente a Estados Unidos, que tiene intereses de seguridad en la región, aunque su papel concreto en esta crisis no ha sido detallado públicamente. Los próximos días serán cruciales para determinar si la tensión se canaliza hacia una mesa de negociación o si continúa su espiral ascendente.