Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez penal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato irregular para la construcción de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida tras una audiencia que inició a las 09:23 horas del 23 de marzo en la ciudad de Mexicali, donde la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para investigar al exmandatario por actos de corrupción.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusó a Bonilla de autorizar un contrato por 4,500 millones de pesos a 30 años con la empresa Next Energy, sin que esta haya cumplido con la construcción de la infraestructura prometida. Según la investigación, se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la contratista, recursos que no se vieron reflejados en obra alguna, lo que motivó la acción legal contra el exfuncionario.
Durante el procedimiento, la defensa de Jaime Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para intentar evitar la vinculación, aunque el juez Gerardo Anguiano Ceja consideró pertinentes las pruebas aportadas por la fiscalía para abrir la etapa de investigación formal. El caso ha tomado relevancia política dado que Bonilla, quien gobernó el estado bajo la bandera de Morena entre 2019 y 2021, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT).
El conflicto jurídico se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exgobernador y la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, también de Morena. La administración actual ha impulsado la revisión de contratos firmados en sexenios anteriores, señalando irregularidades en la gestión de Bonilla. La planta fotovoltaica, que debía ser ejecutada por Next Energy, nunca fue construida a pesar del desembolso inicial reportado por las autoridades.
Con esta vinculación a proceso, Jaime Bonilla Valdez enfrenta ahora una investigación formal por los presuntos daños al erario estatal. La Fiscalía de Baja California continuará con la recopilación de pruebas para determinar la responsabilidad exacta del exmandatario en la autorización de los pagos y la firma del convenio con la empresa contratista.