Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Mientras el estado de Sonora anunció la contratación de 419 médicos especialistas para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública revela que México continúa con el menor gasto público en salud por persona de América Latina y una alta dependencia del gasto de bolsillo de los ciudadanos, exponiendo las desigualdades estructurales del sistema.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó que su estado lideró la Jornada Nacional de Reclutamiento 2026 del IMSS, celebrada entre el 2 y el 11 de marzo, al lograr las 419 contrataciones. La administración estatal también señaló avances en la construcción y modernización de seis hospitales, presentándolo como un fortalecimiento de los recursos humanos en salud.
Sin embargo, este panorama local contrasta con el diagnóstico nacional presentado por Sergio Meneses Navarro, especialista del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP. Según su análisis, México destina la menor proporción de gasto público en salud por persona en toda la región latinoamericana, una situación que califica como crítica para la sostenibilidad del sistema.
Las cifras detallan que solo el 51.9% del gasto total en salud en el país es público, mientras que el 39.1% corresponde al gasto directo de las familias, conocido como gasto de bolsillo. Este modelo, según los expertos, genera inequidad y deja a millones de personas vulnerables ante enfermedades o accidentes, al carecer de protección financiera adecuada.
La contradicción entre el avance puntual en una entidad federativa y el estancamiento en el financiamiento a nivel nacional subraya los retos que enfrenta la política de salud. Los esfuerzos por aumentar la plantilla médica, aunque necesarios, chocan con un marco presupuestario que, según el INSP, sigue siendo insuficiente para garantizar un acceso universal y de calidad.
El contexto revela una brecha entre las acciones de los gobiernos estatales y la necesidad de una reforma fiscal y de asignación de recursos a escala federal que incremente sustancialmente la inversión pública en salud, reduzca el gasto de bolsillo y cumpla con los estándares internacionales recomendados para el sector.