Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, abogó por un “decálogo de ajustes” a la reforma judicial, mientras un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reveló que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ejercido más de 242 mil millones de pesos entre 2018 y 2026. En paralelo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, destacó el impulso de mecanismos alternativos de justicia para resolver controversias políticas.
En declaraciones públicas, la ministra Esquivel Mossa señaló la necesidad de realizar ajustes a la reforma constitucional en materia judicial, aunque no detalló los puntos específicos de su propuesta. Su llamado se da en el contexto de un amplio debate sobre el funcionamiento y los costos de los organismos autónomos en México.
Por su parte, el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, órgano técnico de la Cámara de Diputados, cuantificó el presupuesto ejercido por el INE en el periodo mencionado. El estudio destacó que para el ejercicio fiscal de 2026, el 39.3% del presupuesto del instituto electoral está destinado al financiamiento público de los partidos políticos. Además, tres capítulos de gasto concentran el 98.2% de su presupuesto total para este año.
Desde el TEPJF, el magistrado presidente Gilberto Bátiz García enfatizó, a través de un comunicado, la promoción de mecanismos alternativos de solución de controversias, como la mediación y la conciliación, para abordar conflictos de naturaleza política. Bátiz García no especificó a qué partidos o actores políticos se refería en el contexto de estas “controversias políticas”, pero su mensaje se alinea con esfuerzos institucionales por descongestionar la vía jurisdiccional.
Estos pronunciamientos simultáneos, provenientes de tres pilares distintos del Estado mexicano —el Judicial, el Legislativo (a través de su centro de estudios) y un tribunal electoral especializado—, reflejan una discusión nacional en curso sobre la arquitectura institucional, la rendición de cuentas en el uso de recursos públicos y los métodos para dirimir conflictos en un sistema político complejo.
El debate se enmarca en un escenario político donde la autonomía y el costo de organismos como el INE han sido recurrentemente cuestionados por diversos sectores, mientras que la reforma al Poder Judicial sigue siendo un tema pendiente de consolidación y evaluación de sus efectos prácticos.