Hay unos 400 mil desplazados en diversas regiones del país a causa de la violencia del crimen organizado, quienes carecen de apoyo legal debido a que la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno está en la “congeladora” del Senado de la República desde 2020, señalan especialistas y activistas.
Se trata de la minuta fue aprobada en 2020 por la Cámara de Diputados y desde entonces la Cámara de Senadores no ha considerado prioritario este tema que afecta a miles de mexicanos que huyen del acoso y de la violencia del crimen organizado en zonas rurales de diversos estados del país y que no cuentan con un marco legal e instituciones que los protejan.
Los cuatro motivos de este éxodo masivo de mexicanos son desaparición u homicidios de un familiar, presencia del crimen organizado, inseguridad y amenazas de extorsión. Entre 2008 y 2021, alrededor de 379 mil personas huyeron a otros estados o hacia Estados Unidos, debido a la violencia.
Óscar Rodríguez Chávez, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), señaló que, de manera general, cuando se habla de personas en movilidad forzada, se refiere a aquellas que han tenido que escapar o huir de su lugar de residencia habitual, como efecto de conflictos armados o violencia generalizada, así como por efectos de catástrofes naturales o provocadas.
En México, de acuerdo a estimaciones, existen 386 mil personas que han sido desplazadas de manera interna a causa de la violencia y conflictos bélicos. Los principales estados de origen de estos desplazados son Michoacán, Chiapas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
Emiliano Díaz Carnero, investigador por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), en el Colef Unidad Ciudad Juárez, expresó que en el desplazamiento forzado interno la responsabilidad de protección recae en el Estado nacional.
Esto es, agregó, en los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, sociedad civil, medios de comunicación, centros de investigación, instituciones religiosas, en general todos los sectores de la sociedad.
Destacó los resultados de la Encuesta a Mexicanos Desplazados internos solicitantes de asilo (2022), realizada en Ciudad Juárez, donde los datos que resaltaron fueron los motivos del desplazamiento. “Las cuatro con mayor porcentaje son: desaparición u homicidios de un familiar, presencia del crimen organizado, inseguridad y amenazas de extorsión”, precisó.
Comentó que la energía de distintos sectores de la sociedad, nacional e internacional, pareciera que está enfocada en la atención de migrantes internacionales y no se visibiliza y pareciera que no se legisla para construir políticas de protección para población mexicana en desplazamiento.
Por esta razón, la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión exhortó al Senado de la República para que dictamine dicha minuta aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de septiembre de 2020. Sin embargo, el dictamen no se encontró entre los pendientes para aprobar antes del 30 de abril de este 2024.
Nota de Abel López Jiménez.