Por Redacción
Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos no será en México, pues al final dependerá de la justicia de Estados Unidos, existiendo el riesgo de su injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión, la gran decisión reside en el país vecino.
En México existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y otras instituciones, pero no han resultado efectivos. De haberlo sido, no se tendría con licencia al gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ni a Enrique Inzunza Cázares alejado del Senado, tampoco estarían otros exservidores públicos huidos aportando datos a satisfacción de Estados Unidos.
Tampoco se conocerían casos como el del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y otros alcaldes detenidos en Jalisco, Morelos y otros estados por sus ligas con la delincuencia, ni los alcances del grupo criminal de La Barredora formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. En México poco importan denuncias como las endilgadas a Rubén Rocha Moya en las elecciones de 2021; el golpe vino casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.
Ante este escenario, surge la interrogante de qué pasaría si desde el norte hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido cuando estén en campaña, lo que podría anular las autorizaciones otorgadas por el INE a partir de los juicios de los consejeros Arturo Chávez, Uuc-kib Espadas y Norma de la Cruz, integrantes de la comisión recién instalada. Ya hay aspirantes con dificultades como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de las visas.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum puso una muestra del derecho de las audiencias al decir ayer: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”, desmintiendo propósitos de censura y reivindicando la facultad de toda persona de elegir qué escuchar, ver y leer. Bajo este contexto, muchos verían bien el enfoque con el cual la Comisión Reguladora analizará en consulta pública la situación, entendiendo que no le corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a periodistas y medios.