Redacción
Ciudad de México. — La integración acelerada de la inteligencia artificial (IA) y la robótica está provocando una transformación disruptiva en todos los sectores productivos a nivel global, marcando un cambio radical en la dinámica del empleo y la economía mundial. Lo que antes era ciencia ficción, como los taxis autónomos que ya circulan con normalidad en ciudades estadounidenses como Austin, Texas, se ha convertido en una realidad palpable que está desplazando masivamente al trabajo humano alertó el consultor y especialista en empresas y Propiedad Intelectual, Oliver Galindo Ávila,
Compañías como Waymo, pioneras en el sector de transporte autónomo, han multiplicado sus operaciones exponencialmente, con más de 250 mil viajes semanales reportados en 2025. Simultáneamente, la automatización industrial avanza sin freno, con fábricas enteras en países como China operando sin presencia humana, conocidas como “fábricas oscuras”, en las que robots ensamblan, revisan y despachan productos las 24 horas sin descanso ni demanda de derechos laborales.
Esta revolución tecnológica no solo afecta empleos manuales o tradicionales, sino que está impactando también a sectores altamente especializados. Un claro ejemplo es el de los programadores de software, donde la inteligencia artificial ha reemplazado hasta una cuarta parte de los puestos de trabajo, según un reciente reporte del Washington Post.
Frente a esta realidad, los gobiernos del mundo enfrentan una encrucijada crucial: avanzar con la adopción tecnológica para mantenerse competitivos, o intentar proteger empleos mediante regulaciones que pueden frenar el progreso económico y social. En este contexto, México parece inclinarse por la segunda opción, lo que podría condenar al país a quedar rezagado en una era que exige innovación y adaptación rápidas.
Un hecho reciente que subraya la dimensión global y jurídica de esta transformación fue la inédita aclaración emitida por la Suprema Corte de Justicia en México respecto al uso de obras creadas por inteligencia artificial. La propuesta inicial de considerar estas obras como parte del dominio público, para su libre difusión en beneficio de la humanidad, evidenció los desafíos legales y éticos que acompañan a la revolución digital.
Esta era tecnológica impone un llamado urgente a la reflexión y a la acción coordinada entre sectores públicos, privados y la sociedad civil para diseñar políticas que promuevan la innovación, protejan a los trabajadores y garanticen un futuro sustentable y equitativo.