Por Luis Martínez Alcántara
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con su presidente Juan José Sierra a la cabeza, lanzó una advertencia clara: la inseguridad en México alcanza niveles alarmantes y subrayó que ningún proyecto de inversión podrá consolidarse sin primero asegurar entornos seguros y certeza jurídica. La pérdida de confianza entre empresarios ya reduce el ánimo de invertir, indicó.
De acuerdo con el Monitor de Seguridad de DataCoparmex, el ánimo para invertir cayó 12.8 puntos entre los socios de la organización, situándose en niveles no vistos desde la pandemia. Esta cifra refleja el impacto directo que la violencia está teniendo sobre la economía formal. Sin seguridad, afirmó Sierra, no se puede crecer ni generar empleos en forma estable.
La extorsión repuntó de forma inédita con 5 887 casos registrados en el primer semestre de 2025, el nivel más alto desde que hay registros disponibles. Jorge Peñuñuri, presidente de la Comisión de Seguridad de Coparmex, insistió en que este delito golpea con fuerza a las MiPyMEs y limita su operación cotidiana, muchas veces obligándolas a cerrar. La impunidad sigue siendo el principal aliado de los extorsionadores.
Aunque los homicidios disminuyeron 15.8 % respecto al mismo periodo de 2024, se registraron 13 090 víctimas durante enero‑junio de 2025. Colima, Sinaloa y Morelos destacan con tasas entre 55 y 80 asesinatos por cada 100 000 habitantes. Diez de los veinte municipios más violentos del país corresponden a Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero.
Las cifras de robo a negocios también son preocupantes: 34 012 carpetas abiertas en el primer semestre, casi el 42 % de esos actos con violencia. Aunque reportan una ligera reducción respecto a 2024, cada caso con violencia representa una alta pérdida de patrimonio y confianza. Municipios del Estado de México como Coacalco lideran las incidencias.
Para Coparmex, cuando se prioriza la seguridad, se fortalece la inversión. La falta de certeza jurídica y la impunidad afectan de manera estructural, advirtió Sierra. Por ello, exigió al Congreso avanzar con urgencia en una Ley General de Extorsión y crear unidades especializadas que garanticen apoyo efectivo a víctimas, ya que sólo así será posible recuperar la confianza empresarial en México.