Ciudad De México, 29 de junio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Ley Nacional de los Pueblos Indígenas ya está lista y que a partir de este momento inicia la consulta nacional con los pueblos originarios para enriquecer la propuesta. La mandataria explicó que el objetivo es que el 12 de octubre, Día de la Resistencia de los pueblos, sea entregada a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de aprobación.

“Vamos a dar inicio a esta consulta. Una vez que sea mejorada, aprobada, lo que digan los pueblos, se presenta al congreso y el objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los pueblos, sea entregada a la Cámara de Diputados para que ahí pues inicia el proceso de aprobación”, declaró Sheinbaum.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de Presidencia, detalló que la consulta permitirá recibir opiniones sobre la propuesta de iniciativa. En este proceso participarán 69 pueblos indígenas, un pueblo afromexicano y 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

La consulta estará encabezada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia. Además, participarán 21 dependencias y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuará como observadora. El proceso constará de cinco etapas, contemplando 82 asambleas regionales de consulta y siete mesas de trabajo particulares.

Las propuestas y recomendaciones derivadas de este ejercicio se incorporarán al proyecto legislativo a más tardar el 11 de octubre, previendo su presentación formal ante el Poder Legislativo el 12 de octubre. Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, indicó que esta Ley tiene por objeto promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

De acuerdo con lo informado, la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas establece los principios para que de manera colectiva se constituyan y ejerzan su personalidad jurídica. Asimismo, define el régimen constitucional de autonomía indígena para que sea eficaz en los niveles comunitario, municipal y regional, y garantiza los derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana mediante acciones afirmativas y reparatorias.