Asuncion Ixtaltepec, 09 de abril de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el cierre del litigio penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceanico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca. Ernestina Godoy Ramos, titular de la dependencia, informó el 8 de abril de 2026 que 145 víctimas optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa, firmando acuerdos reparatorios que derivaron en la extinción de la acción penal correspondiente.
El siniestro, registrado a las 09:28 horas, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas. De las 145 personas beneficiadas con la reparación integral, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes. La Secretaría de Gobernación detalló que este proceso no se limitó a una compensación económica, sino que implicó atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.
Las investigaciones determinaron que el descarrilamiento no se debió a problemas en la obra ni a deficiencias en la infraestructura. Los peritajes técnicos verificaron que tanto la vía en el punto del siniestro como las locomotoras cumplían con las normas oficiales mexicanas. Godoy señaló que se descartó el delito de ataques a las vías generales de comunicación “con los dictamenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial”.
Por el contrario, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposos con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. La caja negra de la locomotora reveló que el convoy circulaba a velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite máximo permitido era de 70 kilómetros por hora; en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, el tren transitaba a 65 kilómetros por hora cuando el límite establecido era de 50 kilómetros por hora.
Como resultado, se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y la autoridad judicial emitió autos de vinculación a proceso contra tres operadores: Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista capturado el 26 de enero de 2026 en Palenque, Chiapas; y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero de 2026. La FGR concluyó que los fallecimientos y lesiones se derivaron del exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como de la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo.
Respecto al delito de daño en bienes, la empresa operadora del ferroviario, a cargo de la Secretaría de Marina, decidió otorgar el perdón de la parte ofendida, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. Asimismo, se descartaron los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público con base en auditorías de la Auditoría Superior de la Federación y expedientes de la Secretaría Anticorrupción.
Ernestina Godoy afirmó que la dependencia “agotó todas las líneas de investigación posibles para determinar la causa del percance y los delitos relacionados con este lamentable hecho”. La funcionaria aseguró a las víctimas: “Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”.