Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno de El Salvador presentó una propuesta legislativa para imponer cárcel de por vida a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reciente reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo. La iniciativa, impulsada por los ministros de Seguridad y Defensa, busca modificar la normativa actual donde la condena máxima para adolescentes era de 60 años.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad, y Francis Merino, titular de Defensa, han sido los funcionarios que han avanzado públicamente sobre esta medida, aunque no se han detallado las declaraciones específicas de cada uno en los reportes disponibles. La propuesta llega pocos días después de que la Asamblea Legislativa eliminara la prohibición constitucional de la pena perpetua para adultos, estableciendo dicha sanción para homicidas, violadores y terroristas mayores de edad.
La extensión de esta pena a la población menor de edad representa un cambio drástico en la jurisprudencia salvadoreña, toda vez que anteriormente el sistema de justicia para adolescentes tenía límites temporales definidos. Con la nueva propuesta, se equipararía la severidad del castigo entre adultos y menores para los delitos más graves, sujetando la norma a la aprobación legislativa en los próximos días.
Hasta el momento, no se ha especificado el nombre concreto del proyecto de ley ni la edad mínima o límite exacto que definirá a un “menor” bajo esta nueva legislación. Tampoco se han divulgado cifras específicas de casos que hayan motivado directamente la presentación de la iniciativa, más allá del contexto general de endurecimiento penal promovido por la administración del presidente Nayib Bukele.
Esta movida legislativa consolida la estrategia de seguridad del ejecutivo, que ha priorizado la eliminación de beneficios procesales y el aumento de sanciones como respuesta a la criminalidad. La discusión en el Congreso determinará si la medida cuenta con el respaldo necesario para integrarse al ordenamiento jurídico del país centroamericano.