Nuevo Laredo, 14 de abril de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este 14 de abril de 2026 a seis objetivos vinculados al Cártel del Noreste (CDN), entre los que figuran dos casinos, una empresa operadora y tres personas físicas. Las sanciones recaen sobre el Casino Centenario, ubicado a menos de cuatro kilómetros de la línea fronteriza en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Diamante Casino, con sede en Tampico.
Según la OFAC, el Casino Centenario es operado por la empresa Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de C.V. (CAMSA), la cual también gestiona un sitio de apuestas en línea. Las autoridades estadounidenses determinaron que el establecimiento en Nuevo Laredo es utilizado por el CDN como bodega de pastillas de fentanilo y cocaína, vehículo para el lavado de recursos ilícitos y espacio para torturas e intimidación de presuntos enemigos del cártel. La red utilizaba estos negocios de entretenimiento para blanquear activos y como fachadas operativas de la organización, designada por el gobierno de Donald Trump como organización terrorista extranjera.
Entre las personas sancionadas se encuentra Eduardo Javier Islas Valdez, alias ‘Crosty’, señalado como responsable de las operaciones de tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo. La investigación indica que Islas Valdez supervisa a los llamados ‘pateros’, otorga permisos para el cruce de migrantes por el río Bravo hacia Texas y controla casas de almacenamiento de efectivo en la ciudad fronteriza, además de ser un asociado cercano de Abdón Federico Rodríguez García, segundo al mando del CDN.
La acción también alcanzó a Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado defensor al que la OFAC acusa de prestar servicios ilegales al CDN “más allá del alcance de una relación normal de cliente – abogado”. Penilla Rodríguez representa a Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40’, actualmente bajo custodia de Estados Unidos. Aunque apareció en un documento del Gobierno de Tamaulipas como asesor honorífico del gobernador Américo Villarreal, autoridades estatales indicaron que “el documento que se expidió en su momento quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles”.
Asimismo, fue designado Jesús Reymundo Ramos Vázquez, descrito por el Tesoro estadounidense como un asociado del CDN que lidera una campaña de desinformación contra autoridades mexicanas mientras posa como activista de derechos humanos. Según el Departamento del Tesoro, “bajo el disfraz de activismo, Ramos solo litiga para miembros violentos del cartel por reclamos falsos contra militares mexicanos, pagando individuos para ir a protestas, y proteger reputaciones de miembros del CDN caídos o arrestados”.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda en México, a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), informó que ha realizado el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados. La UIF detectó “inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada por los sancionados”. La dependencia presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y compartió información con la Secretaría de Gobernación para la suspensión de actividades de los casinos identificados.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE.UU., declaró: “El presidente Trump ha sido claro: el Tesoro usará todas las herramientas disponibles para proteger a la nación de los violentos cárteles que buscan aterrorizar a ciudadanos inocentes”. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien participó el 13 de abril de 2026 en un taller dirigido a autoridades mexicanas, destacó que “combatir el lavado de dinero no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica para desmantelar las redes financieras que sostienen a los cárteles y a las organizaciones narcoterroristas”.