Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU decidió solicitar que se lleve el asunto de los desaparecidos en México ante la Asamblea General de Naciones Unidas, tras concluir en su resolución que “existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”.
Ante esta determinación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su discrepancia con la decisión del comité. La institución calificó como “acomodaticia” la narrativa del organismo internacional y señaló que su diagnóstico es potencialmente sesgado, afirmando que atendió la “opinión sesgada” de organizaciones como el Centro Prodh.
En su postura, la CNDH aseguró que en México la desaparición forzada “ha dejado de ser política de Estado, como sí lo fue entre 1951 y 1990 y luego, de manera subrepticia y selectiva en complicidad con grupos delincuenciales, en los años de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico'”. Asimismo, la comisión indicó que los casos cometidos por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, “hasta prácticamente desaparecer”.
Por el contrario, el Comité de la ONU aclaró que, aunque no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer estos delitos, sí documentó casos con participación directa o indirecta de servidores públicos. Datos del registro nacional indican que en el país existen 132 mil 846 reportes de personas desaparecidas y no localizadas.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) consideró que la decisión del Comité de la ONU “abre una oportunidad para fortalecer una política integral de Estado” frente a la crisis. La CDHCM señaló que este proceso “plantea condiciones para fortalecer el diálogo y la cooperación” y urgió a que el Estado garantice los derechos de las víctimas, toda vez que la ONU concluyó que los esfuerzos de las autoridades mexicanas han sido insuficientes.
Organizaciones civiles también respondieron a la controversia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó el rol de la CNDH en los últimos años, afirmando que “sólo confirma su pérdida de autonomía y la cooptación partidista”. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan respaldó la decisión del comité y afirmó que “desde la guerra sucia (1965-1990), el Estado mexicano ha utilizado la desaparición forzada como un método de represión política”.
En cuanto a las cifras judiciales, de noviembre de 2014 a agosto de 2025, en los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) han sido tramitados 153 asuntos relacionados con desaparición forzada, con 357 presuntos responsables imputados. Del total de imputados, sólo en 26 casos derivaron en sentencias, de las cuales nueve fueron condenatorias y 17 absolutorias. Entre 2009 y septiembre de 2025, la CNDH registró 396 quejas por hechos que incluyeron la desaparición forzada o involuntaria, siendo Tamaulipas la entidad con mayor concentración de quejas con 72.