San Luis Potosí, 29 de mayo de 2026.- La semana pasada, dos comunicadoras fueron detenidas y encarceladas en San Luis Potosí acusadas del delito de uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social. Un documento de la Fiscalía señala además a otras nueve personas, entre las que figuran activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y gestores de plataformas digitales.
Estos hechos ocurren meses después de que, en noviembre de 2025, el Congreso local reformara el código penal para sancionar específicamente el uso de IA con fines de alterar el orden público. La modificación legislativa se dio un mes después de la difusión, el 16 de octubre de 2025, de un video donde un supuesto comandante del Cartel del Golfo acusaba al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de colaborar con el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Ante la circulación del material, el gobernador Gallardo negó los hechos y afirmó que el video estaba creado con inteligencia artificial, calificándolo como un delito grave. “No era un juego, sino un delito grave”, declaró el mandatario. San Luis Potosí es la única entidad del país gobernada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Gallardo tiene la intención de situar a su esposa, la senadora Ruth González Silva, como su sucesora en las elecciones de 2027.
Jan-Albert Hoosten, director del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en México, advirtió que lo que sucede en la entidad es “uno de los precedentes más peligrosos para el periodismo mexicano de los últimos tiempos”. Según Hoosten, “todos los que aparecen ahí tienen en común que han sido muy críticos con el gobernador Ricardo Gallardo”.
La activista e integrante de Morena Roxana Herrera, quien figura en la lista de señalados, denunció que se trata de una “persecución política” destinada a “callar las voces críticas con el actual Gobierno del Estado”. Herrera añadió que “ya hay un ambiente de miedo”. Por su parte, dos periodistas de la entidad identifican esto como un golpe a una libertad de expresión ya muy atacada, donde conviven con el temor de ser señalados, desprestigiados, despedidos o intimidados por escribir contra el gobierno estatal.
Entre las personas señaladas se encuentra la periodista Anahí Torres, quien el año pasado pidió ayuda a Claudia Sheinbaum. Una periodista entrevistada señaló que “la violencia política que traen las elecciones se está viendo desde ahorita” y describió la situación como “la culminación de” un proceso de hostigamiento. El Gobierno de San Luis Potosí no ha respondido a las preguntas del periódico EL PAÍS sobre estos hechos.