Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026.
El reporte destaca que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente, mientras que hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales. Específicamente, las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por parte de las autoridades han aumentado un 770% en este periodo. Este incremento se tradujo en un aumento de cinco veces en el número de deportaciones.
La Administración Trump cuadruplicó con creces, 4.5 veces, el número de camas de detención destinadas a las personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. La liberación en un plazo de 60 días tras la detención se convirtió en un suceso excepcional, representando solo el 7% de los casos, mientras que la tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó, pasando del 27% al 57%. Además, las salidas voluntarias y los retornos se multiplicaron por 28, un fenómeno que el Reporte de la Universidad de California Berkeley describió como posible evidencia de que “muchas más personas optaron por desistir de sus casos”.
Para financiar estas operaciones, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. Hasta la fecha, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos. El Gobierno ha desembolsado más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7,500 dólares por cada agente de policía que entre en el programa, los cuales solo empiezan a recibir los bonos extra cuando arrestan a su primer migrante. Florida y Texas son los estados con más acuerdos firmados, 270 y 161 respectivamente.
Según estimados de FWD, el DHS ha entrenado a entre 13,800 y 15,800 policías en todo el país para realizar labores de migración. Bajo el Gobierno de Trump, más de un 70 por ciento de las personas retenidas en centros de detención para migrantes no han sido condenadas por ningún crimen; quienes sí tienen convicciones son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico. Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, señaló que el programa “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, aunque el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la medida “ayudaría a arrestar y deportar a ‘lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas'”.
La agresiva campaña ha generado incidentes violentos y controversias. Un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos. Lyons afirmó que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador. Sin embargo, Patrick Kolasinski, abogado de Mendoza Hernández, negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos de absolución. Kolasinski declaró: “Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”. El DHS sostuvo que los disparos fueron “para protegerse a sí mismos, a sus compañeros agentes y al público”.
El clima de temor también ha tenido consecuencias fatales. Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero sin haber ido a un hospital por miedo a ser detenido y deportado por ICE. Su viuda, Guadalupe, relató: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. La familia acumuló una deuda funeraria de 34,000 dólares y ha recurrido a ayuda pública. Desde que Trump regresó al poder, han surgido informes de agentes enmascarados entrando en hospitales, una práctica que había sido prohibida años atrás por considerarse lugares sensibles, pero que fue derogada como una de las primeras acciones del nuevo mandato.