Por Abel López Jiménez
La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, insiste en incurrir en conflictos de interés y opacidad en la contratación de empresas que han tenido graves incumplimientos en la proveeduría de material y documentación electoral.
Cabe recordar que esa funcionaria electoral fue suspendida el año pasado, sancionada e, incluso, encarcelada por incurrir en conductas violatorias de las normas vigentes.
Así se establece en una nota informativa de los periodistas Jorge Martínez Cedillo y Pascacio Taboada Cortina, quienes tienen en su poder copia de una auditoría realizada por el Órgano de Control Interno del Instituto (OIC) del IEEPCO, a cargo de Salvador Cruz Rodríguez.
En el documento se expuso que el OIC ordenó la suspensión temporal de la presidenta, Elizabeth Sánchez González, por el presunto desvío de recursos por más de 19 millones de pesos.
Posteriormente, una resolución del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), ordenó su reinstalación, misma que generó polémica entre los integrantes del Instituto Electoral oaxaqueño.
Se estableció que Sánchez González, al tener la titularidad del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, “no cumplió con las formalidades establecidas para el manejo del presupuesto asignado a este órgano electoral”.
En el momento actual, la funcionaria señalada ha decidido, de nueva cuenta violar diversas normas, incluido el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE), al diseñar nuevas reglas para las licitaciones, muy cuestionables y a modo, para favorecer a empresas cercanas a sus intereses.
Advierten que su manera de actuar pone en riesgo las elecciones y el derecho de los ciudadanos de Oaxaca a ejercer su voto y hace evidente la falta de legalidad y transparencia en el seno del IEEPCO.
Resulta que la empresa Formas Finas y Materiales, de José Antonio Carranza, señalada por sus reiterados incumplimientos, en el proceso electoral federal en curso se verá favorecida con un contrato de 250 millones de pesos para la elaboración de materiales electorales, lo cual está generando rechazo y división en el propio Consejo General del IEEPCO.
Aseguran que ese abierto favoritismo ha sido reiterado a favor de Formas Finas y Materiales e impulsado por la propia presidenta del IEEPCO. Por ejemplo, en el año 2021, dicha empresa firmó un contrato por cerca de 90 millones de pesos con el IEEPCO, y en el 2022 obtuvo de nueva cuenta un nuevo contrato por más de 50 millones de pesos.
En el citado informe de la Contraloría Interna se asegura que se realizaron 56 observaciones y recomendaciones sobre un monto auditado de 50 millones 776 mil pesos, de estas 19 fueron solventadas, 22 fueron parcialmente satisfechas y 15 no fueron solventadas, las cuales ascienden a 19 millones 975 mil pesos.
Lo que está ocurriendo con la empresa Formas Finas y Materiales en la licitación de este año 2024, ha generado grietas y reacciones diversas en el seno del IEEPCO, porque la irregular conducta de su presidenta se ha vuelto recurrente, sin importarle la opinión de los integrantes del órgano colegiado.
Aseguran que este conflicto ha trascendido las paredes del Instituto Electoral Oaxaqueño y amenaza con convertirse en un escándalo de nivel nacional.
Por lo pronto, en un desplegado aparecido en diversos medios de Oaxaca, la organización denominada Democracia Unida, que preside Jessica Ibarra, se informó que presentó una denuncia en contra de la empresa Formas Finas y Materiales, de José Antonio Carranza, en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En el documento se da cuenta de una “red de corrupción desplegando conductas atípicas; proporcionó información inexacta y/o falta ante las instituciones financieras; recursos de procedencia ilícita; lavado de dinero, y actividades vulnerables”.
Comentan que la organización civil Vigilante Electoral, cuenta con el soporte documental del que hace mención Democracia Unida, donde se hace un detallado recuento de las conductas ilícitas en las que, presuntamente, ha incurrido la empresa Formas Finas y Materiales.