Por Luis Martínez Alcántara
La Cámara de Casación Penal de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta decisión se deriva de su culpabilidad en un caso de administración fraudulenta relacionado con la concesión de obras viales durante su mandato y el de su esposo, Néstor Kirchner.
Aunque la condena fue ratificada, Fernández aún tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar el proceso judicial por meses o incluso años. El caso, conocido como “Vialidad”, investiga irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obras públicas a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Durante el juicio, se alegó que estas concesiones implicaron sobrecostos y que muchas obras nunca se completaron. La fiscalía argumentó que el fraude podría haber costado al Estado argentino aproximadamente mil millones de dólares, posicionando a Fernández como la “jefa” de una supuesta asociación ilícita.
Fernández denunció en repetidas ocasiones que es víctima de una persecución política y judicial, calificando el proceso como un “show” destinado a proscribirla políticamente. En un comunicado reciente, expresó su desconfianza hacia los jueces involucrados, sugiriendo que tienen vínculos con su rival político, Mauricio Macri. Su defensa sostiene que las acusaciones carecen de fundamento y que las decisiones judiciales son parte de un intento más amplio para eliminarla del panorama político.
La confirmación de la condena podría afectar las aspiraciones políticas futuras de Fernández, especialmente con las elecciones legislativas programadas para 2025. Sin embargo, dado que el fallo no es definitivo hasta que se pronuncie la Corte Suprema, la expresidenta no enfrentará prisión inmediata y podrá seguir participando en actividades políticas mientras se resuelve su apelación.