Ciudad De México, 31 de mayo de 2026.- Colombia acudirá a las urnas este domingo para elegir a su próximo presidente, en una contienda marcada por la polarización y un legado económico mixto. La elección legislativa se celebró previamente en marzo, y ahora el país decide si prolonga el ciclo político inaugurado por Gustavo Petro en 2022 —quien, por mandato constitucional, no puede aspirar a la reelección— o si da un giro hacia la derecha.
La Registraduría informó que todo está listo para el comicio y llamó a la ciudadanía a votar, así como a los actores políticos a respetar los resultados. Más de 41 millones de colombianos están habilitados para ejercer su sufragio, incluidos 1,4 millones de residentes en el exterior. Los electores emitirán su voto en uno de los países más desiguales de la región, donde el 31.8% de la población vive en pobreza.
El balance del gobierno saliente arroja resultados contrastantes. Por un lado, la economía superó expectativas: el desempleo cerró 2025 en 8.9%, su nivel más bajo en lo que va del siglo; el salario mínimo tuvo un incremento del 17%; y la pobreza multidimensional cayó por primera vez por debajo del 10%, tres puntos menos que en 2022. Además, las remesas alcanzaron un récord de 13 mil millones de dólares y el PIB creció 2.6% en 2025, impulsado por el consumo de los hogares y el sector servicios.
Sin embargo, estos avances sociales conviven con desequilibrios fiscales de considerable magnitud. La deuda pública alcanzó el 63.7%, su nivel más alto en un cuarto de siglo, mientras que la inversión privada cayó a mínimos de dos décadas. Colombia registra actualmente el segundo mayor déficit fiscal de América Latina, equivalente al 6.4% del PIB, producto de un gasto excesivo y una recaudación baja.
Ante este escenario, analistas estiman que el próximo mandatario heredará la necesidad de una profunda corrección fiscal entre el 4% y el 5% del PIB para sostener los avances sociales sin una recuperación plena de la inversión productiva. El proceso electoral también estuvo marcado por tensión institucional al cierre de la campaña, cuando el Consejo de Estado ordenó al presidente Petro abstenerse de difundir propaganda electoral.