Por Redacción
Ciudad de Mexico, 10 de agosto de 2026.- El senador y Presidente Nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.
La acción legal se fundamenta en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, normativa que faculta al gobierno estadounidense para imponer sanciones económicas y restringir el ingreso a su territorio a funcionarios extranjeros acusados de graves violaciones a derechos humanos o actos de corrupción. Moreno solicitó específicamente que se les retire la visa y se les apliquen sanciones patrimoniales.
Esta denuncia surge después de que el INE emitiera una resolución que prohíbe a Moreno referirse al partido Morena como ‘narcopartido’. El priista indicó que dicha determinación coarta su libertad de expresión y ha sido impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Al respecto, afirmó que en México existe “un órgano electoral sometido y al servicio del gobierno, tomando decisiones que afectan directamente a la oposición”.
Además de la acción en Estados Unidos, Moreno adelantó que llevará el caso ante otros organismos internacionales. “Presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, declaró el también Presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL).
Sobre la postura de su partido frente a la situación política actual, el líder nacional del PRI sentenció: “No nos van a callar y vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión y a México. En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado”.
Como antecedente de la aplicación de la ley invocada, en julio de 2025 Estados Unidos sancionó al juez brasileño Alexandre de Moraes, revocándole la visa por presuntas represalias contra opositores políticos.