Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- Activistas, colectivos, padres y madres de familia de menores autistas denunciaron que la Ley para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista, anunciada por la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, es un avance disfrazado que constituye una política débil.
Los inconformes señalaron que la legislación aprobada no garantiza ninguno de los derechos de la comunidad ni contempla las necesidades más urgentes. En Baja California Sur residen alrededor de mil 500 niños, niñas y adolescentes autistas, población para la cual las modificaciones en materia educativa representaban una de las áreas de mayor oportunidad y donde más se esperaban cambios.
Marcela Arrevillaga Robledo, miembro del Colectivo de Padres y Activistas, explicó que esta iniciativa surge a raíz de una impugnación interpuesta en 2024 contra la ley promulgada por la legislatura anterior, debido a que en ese proceso no se llevó a cabo una consulta. El recurso de revisión llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió que el Congreso del Estado tenía un año para realizar dicha consulta y proceder con las modificaciones necesarias.
Aunque el ejercicio de participación ciudadana se llevó a cabo, la sociedad recalca que fue una simulación al considerar que no fueron escuchados por los diputados. Arrevillaga manifestó que la consulta fue muy limitada en tiempo y se sintió muy a prisas. “En mi opinión particular, como miembro del colectivo y con pláticas con mis demás compañeros, créeme que nos dejó mucho desear porque fue muy limitado el tiempo. Se sintió como que fue muy a prisas: no hubo la difusión suficiente; no hubieron los ajustes razonables correspondientes; no se llegó a la mayor cantidad de personas autistas, que ellos son los que realmente importan”, expresó.
La activista precisó que tampoco se implementaron herramientas para esta consulta, como el uso de códigos QR o mecanismos para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida. El trabajo se tomó alrededor de tres meses después de que la SCJN notificó al Congreso, bajo el argumento de que necesitaban un documento, pero sin dar más detalles de la demora.
Arrevillaga aseveró que sí integraron propuestas dentro del documento, pero no eran claras. Además, destacó que el tiempo de las mesas de trabajo fue insuficiente, con apenas dos horas para abordar aspectos importantes como educación, salud, trabajo y previsión social. La activista remarcó la falta de difusión, calificando como una tristeza el número de participantes en las mesas porque solamente dieron una fecha.
“La consulta, la verdad, quedó demasiado simulada, por así decir, o simbólica; eso fue el descontento en las consultas”, concluyó Marcela Arrevillaga sobre el proceso que derivó en la nueva ley.