Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila fallos sobre las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y recibió una petición para realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa. El ministro Arístides Guerrero García presentará al pleno un proyecto que busca validar que el IMPI pueda ordenar el bloqueo de contenidos en sitios de Internet, tras la negativa de un amparo a la empresa Total Play.
El proyecto del ministro Guerrero García se listó para discusión el 9 de abril de 2026. El mismo día se programó otro proyecto que propone un revés al empresario Ricardo Salinas Pliego en un juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La propuesta consiste en confirmar la sentencia del 31 de enero de 2025 del juzgado segundo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que negó el amparo a Total Play.
El caso comenzó el 25 de julio de 2024, cuando varias empresas denunciaron ante el IMPI la difusión ilegal de películas en dos sitios de Internet y solicitaron su bloqueo. El IMPI admitió el trámite en agosto de 2024, decretó la medida provisional en septiembre y, tras el incumplimiento, ordenó en octubre a proveedores de Internet, entre ellos Total Play, bloquear los sitios. En noviembre de 2024, Total Play promovió un amparo argumentando que la orden invade facultades del órgano regulador de telecomunicaciones y viola la libertad de expresión.
Por otro lado, un grupo de organizaciones, colectivos e instituciones académicas y civiles entregó a la SCJN una solicitud formal respaldada por 600 firmas ciudadanas para exigir a los ministros realizar una audiencia pública sobre la prisión preventiva oficiosa, antes de emitir un fallo. La petición fue entregada el 25 de marzo de 2026 y fue dirigida al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.
La entrega fue realizada por representantes, entre ellos los personajes centrales de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), como Daniel García Rodríguez, quien fue sujeto a prisión automática durante más de 17 años sin recibir sentencia. También participaron otros involucrados en casos similares mediáticos como Brenda Quevedo, José Antonio Zúñiga Rodríguez e Israel Vallarta. El asunto sigue pendiente de discusión en la SCJN, en cumplimiento de las sentencias de la Coridh en los casos Tzompaxtle Tecpile (2022) y García Rodríguez y otro vs. México (2023).
Daniel García Rodríguez declaró: “Es una petición justa, real y además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia”. En temas administrativos, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación instaló la visitaduría regional del órgano de evaluación del desempeño judicial para las regiones Ciudad de México uno y dos.
La magistrada presidenta del TDJ es Celia Maya García, quien señaló: “La disciplina judicial debe asumirse como una práctica cotidiana de apego a reglas, principios y deberes, indispensable para preservar la confianza pública en la impartición de justicia”. La visitaduría capitalina forma parte de las seis unidades regionales que el tribunal decidió crear para descentralizar la evaluación del personal judicial, teniendo competencia respecto de los juzgados y tribunales ubicados en esta urbe, así como en los estados de Querétaro y Tlaxcala.