Tijuana, 02 de abril de 2026.- El juez de control Joel Chávez Castro determinó prisión preventiva oficiosa y justificada contra los abogados Christian Pablo López Ortiz y Emmanuel Aurelio Valdez López, tras vincularlos a proceso por los delitos de despojo de inmuebles, extorsión agravada y asociación delictuosa.
El magistrado consideró que existen indicios razonados de que se cometieron dichos ilícitos y otorgó a la Fiscalía General del Estado (FGE) un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Según testimonios recabados, entre el 24 de julio de 2025 y el 15 de marzo de 2026, sujetos armados ocuparon 40 unidades en obra negra y 11 viviendas terminadas del fraccionamiento Laderas del Mar.
Entre los ocupantes se identificó a los dos imputados, quienes utilizaban vehículos de lujo. La investigación detalla que el ofendido recibió amenazas de parte de Emmanuel, quien después de acercarse presencialmente a la víctima en una ocasión, le llamó telefónicamente en varias oportunidades. Al respecto, el juez Joel Chávez Castro señaló: “Que hubiese muerto el administrador de la empresa no es impedimento para que la investigación hubiera iniciado”.
En un caso conexo en Coahuila, el secretario general de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que la entidad mantiene comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar apoyo en la expedición de una ficha roja. La Interpol realizaría la detención del extitular de la Notaría Pública Número 45, Fernando Nicolás ‘N’, señalado por su participación en un fraude inmobiliario y quien aparentemente se encuentra en España.
Pimentel González explicó las acciones tomadas contra el exfuncionario: “Gracias a eso nos pudimos dar cuenta de las irregularidades y se le retiró el fiat, el gobernador Manolo Jiménez tiene claro que no se pueden permitir irregularidades por parte de los notarios públicos”. Como resultado de las investigaciones, otros cómplices también fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
Un grupo de 27 afectados denuncia un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Se espera que antes del 15 de abril de 2026 se resuelva la restitución del daño para las víctimas del fraude en esa entidad.