Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en el puente internacional Santa Fe de esta ciudad para exigir verdad y justicia efectiva a tres años del incendio ocurrido en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM), donde fallecieron 40 migrantes y 27 resultaron lesionados.
En un pronunciamiento conjunto, agrupaciones como Derechos Humanos Integrales en Acción, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados, Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez y Fundación para la Justicia denunciaron que los responsables de mayor jerarquía se benefician de procesos penales que les favorecen. Señalaron específicamente al ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público, mientras que otras personas involucradas han sido condecoradas con nuevos cargos públicos.
Las organizaciones civiles detallaron que, de las 82 víctimas registradas en la tragedia, actualmente solo cuatro personas se encuentran en prisión, mientras que siete más siguen su proceso en libertad. Subrayaron la ausencia de sentencias firmes contra funcionarios del instituto, personal de seguridad privada y otros implicados en los hechos que derivaron en la muerte de decenas de personas bajo custodia del Estado.
Durante un conversatorio realizado en la Ciudad de México, representantes del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) expusieron las deficiencias en la reparación integral del daño. Lorena Cano, integrante de dicha organización, indicó que 15 mujeres sobrevivientes no han recibido compensación económica ni reconocimiento legal como víctimas, bajo el argumento de que no sufrieron lesiones físicas visibles, lo que les impide acceder a medidas de reparación.
Los participantes en la vigilia y el viacrucis enfatizaron que el incendio no fue un evento aislado, sino consecuencia de una política migratoria basada en la detención y criminalización. A pesar de algunos avances como disculpas públicas ordenadas por jueces, las familias y activistas insisten en que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud de la tragedia y la negligencia institucional.