Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una versión mutilada del llamado Plan B en materia electoral, luego de que el Partido del Trabajo (PT) se negara a respaldar los artículos constitucionales que permitían la revocación de mandato en 2027 y la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en campañas electorales. La votación, realizada aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles 25 de marzo, marcó un revés para la estrategia original del ejecutivo federal, obligando a la fuerza mayoritaria a recurrir al apoyo de partidos de oposición como el PAN y Movimiento Ciudadano para dar viabilidad legislativa a los puntos restantes de la reforma.
La aprobación de este dictamen representa un segundo intento de la administración de Sheinbaum para modificar el sistema electoral, tras no alcanzar la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados con su iniciativa previa. Al perder el respaldo del PT, organización aliada que cuenta con seis senadores, la reforma perdió sus componentes más polémicos y políticamente sensibles. En su lugar, el texto aprobado se centra ahora en medidas de austeridad y reestructuración administrativa, incluyendo la reducción del número de regidurías, la limitación de gastos operativos en los congresos estatales y el establecimiento de topes salariales para funcionarios de los organismos electorales.
Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, confirmó la postura de su bancada al señalar que, si bien el partido mantiene su apoyo a la presidenta y al movimiento político que encabeza, se separó específicamente del artículo 35 constitucional. Esta decisión fue determinante para descartar la posibilidad de una revocación de mandato a mitad del sexenio y cualquier modificación que facilitara la campaña de la mandataria hacia una posible reelección o extensión de funciones, temas que habían generado intensos debates en semanas anteriores.
Para lograr la aprobación en lo general del paquete restante, que implica modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, la bancada de Morena tuvo que construir una nueva mayoría legislativa. En este escenario, senadores del Partido Acción Nacional (PAN), como Agustín Dorantes, y de Movimiento Ciudadano, representado por Clemente Castañeda, participaron en las discusiones que permitieron sacar adelante los puntos relacionados con la organización electoral y el gasto público, aunque bajo una lógica distinta a la planteada originalmente por el gobierno federal.
El resultado de esta sesión deja abierta la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la agenda electoral del gobierno, ya que la eliminación de los puntos clave diluye el impacto político que se buscaba con la reforma inicial. Con el Plan B aprobado solo parcialmente y sin los mecanismos de consulta popular ni las reglas de campaña presidencial modificadas, la atención se desplaza ahora hacia los procesos de validación en las legislaturas locales y las posibles impugnaciones que podrían surgir ante esta nueva configuración normativa, definida por la ruptura temporal entre Morena y el PT en temas estratégicos.