Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Un informe elaborado por la Fundación Konrad Adenauer México junto con organizaciones civiles presentó un balance crítico sobre las elecciones judiciales realizadas en 2025, donde se identificaron deficiencias estructurales, vacíos legales y posibles interferencias en el proceso.
El documento titulado “Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico” supera las 200 páginas y fue desarrollado en conjunto con México Evalúa, Juicio Justo, Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral. El estudio analiza la primera elección judicial extraordinaria llevada a cabo tras la implementación de la reforma judicial de 2024.
Entre los hallazgos principales, el informe registra una participación ciudadana del 13% del censo electoral, lo que representa cerca de 13 millones de personas. Los datos también indican que todos los jueces electos de la Suprema Corte de Justicia contaron con respaldo del Gobierno, mientras que 65% de los magistrados federales y 42% de los juzgadores federales también recibieron apoyo gubernamental.
Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y coordinador del estudio, encabezó la elaboración del análisis. La Fundación Konrad Adenauer es una organización de ideario democristiano con presencia en México.
El reporte señala deficiencias estructurales en el diseño del proceso electoral judicial, así como vacíos legales que pudieron haber afectado la transparencia del ejercicio. También se documentan posibles interferencias que habrían comprometido la independencia del sistema de justicia.
Las organizaciones participantes en el estudio buscaron documentar las condiciones bajo las cuales se desarrolló este primer proceso de elección judicial popular en el país, marcando un precedente para futuros ejercicios similares derivados de la reforma constitucional aprobada en 2024.
El informe se presenta en un contexto de debate sobre la transformación del sistema de justicia mexicano, donde diversos actores han expresado preocupaciones sobre la independencia judicial y los mecanismos de selección de servidores públicos del poder judicial.