Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público, la cual modifica el artículo 127 de la Constitución para limitar las jubilaciones a la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, equivalente aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
La votación en la Cámara baja registró 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Previamente, el Senado de la República había avalado el proyecto con 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones, según datos del proceso legislativo.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios de Movimiento de Regeneración Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y Partido del Trabajo. Durante el debate, legisladores oficialistas defendieron la reforma como una medida para corregir privilegios heredados de administraciones anteriores.
Pedro Haces Barba, diputado morenista, participó en la defensa de la iniciativa, mientras que Rubén Moreira, coordinador del PRI, anunció que su fracción votaría a favor de la reforma a pesar de expresar inconformidad y críticas por omisiones y riesgo de retroactividad en la disposición.
Previo a la sesión, jubilados y pensionados se manifestaron en los accesos del Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, así como en el Congreso local de Baja California. Victoria Bentley, lideresa de Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, expresó preocupación por los efectos que la medida podría tener sobre los derechos adquiridos de los trabajadores.
La reforma excluye de este límite a las Fuerzas Armadas, las jubilaciones constituidas a partir de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, las pensiones derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementarios y la pensión no contributiva.
Con la aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el decreto será enviado a los Congresos locales para su discusión y validación. Para entrar en vigor como reforma constitucional, requiere la aprobación de al menos 17 entidades federativas del país.