Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- Un grupo interinstitucional integrado por la Semar, Semarnat, Sener, ASEA, Pemex y Profepa desplegó más de 2 mil 450 elementos para atender la contingencia por hidrocarburos en el litoral del Golfo de México, donde se han intervenido 223 kilómetros de playas y retirado más de 430 toneladas de contaminantes. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existe un derrame original proveniente de un barco, aunque añadió que se investigan otras manchas presentes en la zona.
De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades identificaron tres fuentes de emanación del contaminante: un presunto vertimiento ilegal de un buque y dos chapopoteras naturales ubicadas en el Golfo de México. La versión gubernamental sitúa el inicio de las acciones tras la detección el 3 de marzo y menciona influencias de estas fuentes naturales en la zona de fondeo de Coatzacoalcos y el Complejo Cantarell, manteniendo una investigación técnica para determinar el origen preciso de los hidrocarburos.
En contraste, un conjunto de organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica, presentó un análisis de imágenes satelitales que contradice la narrativa oficial en tiempos y causas. Los colectivos aseguran que el derrame inició entre el 11 y el 17 de febrero cerca de la plataforma Abkatún, en aguas de Campeche, a partir de una embarcación, y denuncian que hubo conocimiento temprano del incidente por parte de las autoridades.
Las organizaciones ambientales criticaron la gestión de la emergencia, señalando que las imágenes evidencian contención insuficiente y opacidad oficial. En un comunicado conjunto, exigieron explicaciones sobre por qué no se activó oportunamente el Plan Nacional de Contingencia y lamentaron que no se haya informado públicamente sobre la magnitud del derrame, sus riesgos ni las medidas de respuesta adecuadas desde las etapas iniciales del siniestro.
Mientras el gobierno reporta las labores de limpieza concentradas en puntos estratégicos, los colectivos reportan una extensión de 630 kilómetros de litoral afectado y una mancha de 50 km². La discrepancia temporal y causal permanece como el punto de mayor conflicto, ya que las ONG acusan que se omitieron mecanismos de notificación inmediata y evaluación técnica obligatorios, mientras las dependencias federales continúan con el despliegue coordinado en Veracruz y Tabasco.
La controversia se da en un contexto donde habitantes de las zonas afectadas han documentado daños en ecosistemas clave como manglares y arrecifes, así como en fauna marina. Ante la falta de identificación pública del responsable del vertimiento ilegal, las organizaciones insisten en la aplicación del principio de que quien contamina paga, y demandan la publicación de los análisis de beneficio ambiental neto que están obligados a realizar las autoridades para evaluar la eficacia de las maniobras de contención.