Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes la iniciativa de Ley General para la Prevención, Investigación, Sanción y Reparación del Delito de Feminicidio, una propuesta legislativa que contempla penas de prisión de 40 a 70 años y multas de mil a dos mil UMAS para quienes cometan este delito. El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, con la presencia de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
La iniciativa tiene como objetivo homologar el tipo penal de feminicidio en todo el territorio nacional, eliminando las discrepancias legislativas entre los estados y unificando los protocolos de investigación. Según lo expuesto por el gobierno federal, la ley establece nueve razones de género para configurar el delito y sanciona también la tentativa de feminicidio, con el fin de actuar antes de que se consuma el crimen.
Entre los puntos centrales de la propuesta destaca la inclusión de 21 agravantes que permitirán aumentar la severidad de las sanciones dependiendo de las circunstancias del crimen. La medida busca endurecer las consecuencias jurídicas para los agresores y ofrecer un marco legal más robusto para la persecución del delito, alineado con las demandas de organizaciones civiles y familiares de víctimas.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, acompañó a la jefa del Ejecutivo en la presentación de los detalles técnicos de la ley, la cual será remitida al Congreso de la Unión para su discusión. Aunque no se especificó el calendario legislativo exacto ni las comisiones que recibirán el expediente, la administración federal enfatizó la urgencia de aprobar este ordenamiento para combatir la violencia contra las mujeres.
Esta acción legislativa se suma a las estrategias de seguridad y justicia que ha implementado la actual administración desde el inicio de su gestión. La homologación de criterios en todo el país pretende facilitar la coordinación entre autoridades federales y locales, asegurando que todas las investigaciones de feminicidio sigan los mismos estándares de calidad y perspectiva de género, independientemente de la entidad federativa donde ocurran los hechos.