Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el caso del presunto autor material, Mario Aburto Martínez, permanece pendiente de una definición jurídica definitiva. Mientras militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y familiares de la víctima realizaron actos conmemorativos en Baja California, la situación legal del recluso genera debate debido a un amparo concedido en 2023 que anuló su sentencia original de 45 años de prisión.
La controversia legal surge de un fallo federal que determinó que a Aburto debió aplicársele el Código Penal de Baja California vigente al momento de los hechos, el cual establece una pena máxima de 30 años, y no la legislación federal bajo la cual fue condenado inicialmente. Bajo este nuevo criterio, la defensa del sentenciado sostiene que Aburto habría cumplido su condena en 2024, por lo que su continuedad en el penal federal de Morelos carece de sustento jurídico.
Jesús González Schmal, abogado defensor de Mario Aburto, ha manifestado que su representado fue víctima de tortura para obtener confesiones y ha advertido que, de no confirmarse su liberación tras las resoluciones judiciales actuales, acudirán a instancias internacionales de derechos humanos. La postura de la defensa contrasta con la impugnación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revertir el amparo otorgado.
Durante las conmemoraciones realizadas en Tijuana, dirigentes priistas como Alejandro Moreno Cárdenas, así como miembros de la Fundación Colosio presidida por Bernardo Saldaña Téllez, rindieron homenaje al excandidato presidencial. En estos actos también participaron familiares de Colosio, incluida su hermana Laura, quienes han mantenido la exigencia de verdad y justicia durante más de tres décadas, sin que hasta el momento se conozca una resolución firme sobre el estatus definitivo de Aburto.
El caso se encuentra a la espera de que el Poder Judicial resuelva los recursos pendientes, incluyendo la posición de la SCJN sobre la impugnación de la FGR y cualquier resolución en los juzgados de Toluca relacionados con la ejecución de la pena. La incertidumbre jurídica persiste mientras no se emita un dictamen final que determine si Aburto debe ser liberado conforme a la pena máxima estatal o si se mantiene la condena original por la gravedad del magnicidio que marcó la historia política contemporánea de México.