Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurridas en febrero de 2007 en la sierra de Zongolica, Veracruz, determinando que los hechos fueron perpetrados por integrantes del Ejército y que las autoridades cerraron la investigación prematuramente sin incorporar perspectivas de género, étnica ni etaria.
El tribunal internacional concluyó que la mujer indígena náhuatl de 73 años fue agredida el 25 de febrero de 2007 mientras pastoreaba ovejas cerca de un campamento militar, y que falleció al día siguiente en el Hospital Regional de Río Blanco sin recibir atención quirúrgica adecuada, en un contexto marcado por barreras lingüísticas y culturales debido a la falta de intérpretes de su lengua materna.
La sentencia establece que México violó los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de Ascencio, así como el acceso a la justicia de sus familiares, al basar la indagatoria en estereotipos que desacreditaron las declaraciones de la víctima y sus hijos, por lo que ordena realizar una nueva investigación penal para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
Como medidas de reparación integral, la Corte IDH dispuso que el Estado brinde atención médica y psicológica gratuita a los hijos de la víctima, otorgue becas para sus estudios, cree un registro nacional de traductores para servicios de salud y realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, acciones que fueron ratificadas por la presidenta Claudia Sheinbaum como compromisos a cumplir.
La Secretaría de Gobernación confirmó la recepción de la notificación y anunció que en los próximos días detallará las medidas específicas para acatar el fallo, el cual llega 18 años después de los hechos y representa un precedente sobre la obligación de investigar con debida diligencia reforzada casos de violencia sexual contra mujeres indígenas adultas mayores.
Este caso pone de manifiesto la responsabilidad del Estado en un contexto de militarización derivado de la estrategia de combate al narcotráfico iniciada en 2006, subrayando la necesidad de eliminar prácticas discriminatorias en el sistema de justicia y salud que afectaron a la comunidad de Tetlalzinga y que ahora deberán ser subsanadas conforme a los estándares interamericanos.