Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ultimaron detalles para presentar denuncias formales contra ex y actuales funcionarios de la institución, así como miembros del Consejo de Arqueología, por presuntos daños irreparables al patrimonio maya durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones se centran en la destrucción de estructuras ancestrales y la manipulación incorrecta de monumentos bajo el argumento de proyectos de desarrollo turístico.
Los denunciantes, integrados por la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, señalan directamente al exdirector del INAH, Diego Prieto, así como a Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Según los expertos, las acciones ocurrieron principalmente en los llamados “parques de la memoria”, donde se habría utilizado maquinaria pesada y explosivos sin los protocolos adecuados.
El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, uno de los voceros del grupo inconforme, alertó que hasta la fecha no se han recuperado más de 62,000 estructuras mayas afectadas por las obras. Además, cuestionó la intervención en 47 monumentos supuestamente restaurados para el proyecto de Chetumal y la reubicación de 36 piezas arqueológicas en el parque Balam Tun, proceso que describió como una “deconstrucción” que mezcla y desmantela las piezas originales, violando los principios de conservación científica.
Las irregularidades reportadas incluyen el uso de dinamita y retroexcavadoras para remover asentamientos en zonas como Campeche, Xpujil y Chetumal, lo que los especialistas califican como un “crimen de lesa arqueología”. A diferencia de denuncias anteriores dirigidas a las empresas constructoras, esta acción legal busca responsabilizar a los funcionarios públicos que autorizaron o supervisaron estos procedimientos dentro del marco institucional del INAH.
La tensión interna en el instituto refleja un conflicto profundo entre la visión de desarrollo infraestructural del gobierno federal y la protección científica del patrimonio. Mientras los funcionarios denunciados no han emitido una respuesta oficial detallada sobre las acusaciones específicas de destrucción intencional, los investigadores preparan la documentación pericial y fotográfica que sustentarán ante el Ministerio Público en los próximos días.
Este episodio marca un punto crítico en la gestión cultural del sexenio, donde la presión por concluir las obras del Tren Maya antes de 2026 podría haber prevalecido sobre los protocolos de salvamento. La comunidad académica espera que las autoridades judiciales abran una investigación exhaustiva para determinar la veracidad de los daños reportados y establecer las sanciones correspondientes para los responsables.