Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como Plan B avanza en el Congreso de la Unión con el respaldo decisivo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyas bancadas senatoriales confirman que 13 de sus 14 legisladores votarán a favor de la iniciativa. Este movimiento legislativo busca concretar cambios estructurales que incluyen la reducción del gasto electoral, límites al presupuesto de los congresos locales y la habilitación de un proceso de revocación de mandato para la presidenta Claudia Sheinbaum en 2027.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, anunció el apoyo mayoritario de su fracción, aunque precisó que existe un senador del partido que no sumará su voto a la reforma. Sin embargo, el legislador no especificó el nombre del dissentidor ni detalló si su postura será de abstención o voto en contra, manteniendo la identidad del único opositor interna en reserva.
El núcleo de la propuesta contempla establecer un umbral de ratificación popular del 80 por ciento para los titulares del Ejecutivo, un mecanismo que podría activarse durante el año 2027 o 2028. Además, la iniciativa plantea una contracción del aparato administrativo mediante la reducción del número de regidores en los ayuntamientos y establece un techo de gasto para los poderes legislativos estatales, fijado en 0.7 por ciento del presupuesto total de cada entidad federativa.
En paralelo a la discusión en el Senado, donde Laura Itzel Castillo preside los trabajos, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Este proceso de renovación ocurre en un contexto de tensión política, dado que el oficialismo ha criticado públicamente a los consejeros actuales —Zavala, Ravel y Rivera—, nombrados en 2017 bajo un acuerdo entre el PRI, PAN y PRD.
La armonización legislativa ya trasciende al ámbito local; el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que su administración presentará una iniciativa para alinear la normativa estatal con los preceptos del Plan B federal. Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, impulsa la coordinación entre las fuerzas políticas para asegurar la aprobación final de la reforma, mientras Ulises Mejía Haro figura entre los diputados federales involucrados en la tramitación del dictamen.
Con estos movimientos, el bloque oficialista consolida la estructura legal que definirá el escenario político de los próximos años, buscando garantizar la continuidad de sus proyectos mediante los nuevos instrumentos de participación ciudadana y austeridad republicana establecidos en la reforma.