Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su iniciativa de reforma constitucional electoral, denominada ‘Plan B’, que modifica la consulta de revocación de mandato para permitir que coincida con elecciones federales y ajusta la integración de los ayuntamientos. La propuesta, que ya cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde y el PT, ha generado polémica por una omisión en el texto que levantó sospechas sobre la paridad de género y por críticas que la califican como una herramienta de ventaja electoral para Morena.
La iniciativa plantea que la consulta de revocación de mandato presidencial pueda realizarse el mismo día de las elecciones federales, lo que, según sus promotores, generaría un ahorro significativo. La senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, defendió la propuesta como un fortalecimiento del mecanismo de participación ciudadana. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también respaldó el proyecto. La primera y única consulta de revocación se llevó a cabo en 2022, con la participación de 16.5 millones de ciudadanos, donde el 91.8% votó a favor de que Andrés Manuel López Obrador continuara en el cargo.
Sin embargo, el texto inicial presentado omitió la palabra ‘paritario’ al referirse a la integración de los cabildos municipales, lo que fue interpretado por críticos como un intento de eliminar la paridad de género. La Presidencia de la República corrigió el error, señalando que se trató de una omisión involuntaria y sin la intención de prescindir de esa disposición. El oficio de corrección fue enviado a la Gaceta del Senado.
En cuanto a los ajustes municipales, la reforma propone que el número de regidores en cada ayuntamiento oscile entre 7 y 15, un cambio que, según el gobierno, busca eficientar el gasto. No obstante, el analista Elías Lixa señaló que, en el caso de Yucatán, mientras en Mérida se reducirían dos regidores, en el interior del estado aumentarían 221, contradiciendo el discurso oficial de ahorro. La iniciativa también establece un límite de gasto para los congresos estatales, que no podrá superar el 0.7% del presupuesto de la entidad.
La oposición y diversos analistas políticos han criticado el fondo de la propuesta, argumentando que alinear la revocación con las elecciones federales permitiría a la presidenta en funciones hacer proselitismo a su favor durante el proceso, aprovechando su posición. Este mecanismo, señalan, podría ser utilizado para consolidar apoyo político de cara a futuros comicios. La iniciativa llega al Senado luego de que una reforma electoral más profunda, conocida como ‘Plan A’, fuera rechazada.
El contexto de esta propuesta se enmarca en el debate sobre el costo de la democracia y los privilegios de la clase política. Mientras el gobierno de Sheinbaum, que obtuvo casi 36 millones de votos en 2024, promueve la reforma como un paso hacia la austeridad y la participación, sus detractores ven un esfuerzo por reconfigurar las reglas electorales para beneficio del partido en el poder. El trámite de la iniciativa en el Congreso será la siguiente prueba para la coalición gobernante.