Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- El marco del Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio) destaca que es un problema social de talla mundial que atenta contra los Derechos Humanos y sus principales víctimas son menores de edad, migrantes e indocumentados.
En este contexto, sobresale el informe del Institute on Taxation and Economic Policy que ha revelado que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos contribuyen significativamente a la economía del país, pagando cerca de $100,000 millones en impuestos anualmente. Este hallazgo subraya el impacto económico positivo de esta comunidad, a pesar de su situación legal incierta.
Los impuestos pagados por los indocumentados incluyen impuestos sobre la renta, ventas y propiedad, entre otros. A pesar de no tener un estatus legal que les permita trabajar oficialmente, muchos de estos inmigrantes utilizan números de identificación fiscal o trabajan en sectores que no requieren documentación formal, lo que les permite contribuir al sistema tributario. Además, muchos indocumentados no tienen acceso a los beneficios públicos que sus impuestos ayudan a financiar, como la seguridad social y el seguro médico, lo que aumenta el impacto neto de su contribución.
Este informe también destaca el papel crucial que juegan los indocumentados en sectores clave de la economía, como la agricultura, la construcción y los servicios. La mano de obra proporcionada por esta comunidad es esencial para el funcionamiento de muchas industrias, lo que refuerza la importancia de su contribución no solo fiscal, sino también laboral.
El debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos continúa, y estos datos podrían influir en las discusiones políticas. Algunos argumentan que reconocer y regularizar el estatus de los indocumentados podría aumentar aún más sus contribuciones fiscales y económicas, mientras que otros mantienen posturas más restrictivas.
Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos no solo son una parte vital de la fuerza laboral, sino que también contribuyen de manera sustancial a las arcas públicas. Esta realidad plantea preguntas importantes sobre las políticas de inmigración y su impacto en la economía nacional.