Por Redacción
Ciudad de Mexico, 17 de marzo de 2026.- Una serie de eventos violentos y conflictos sociales se registraron simultáneamente en al menos ocho estados de México durante el 16 y 17 de marzo, reflejando una compleja crisis de seguridad que abarca desde protestas estudiantiles hasta ataques armados de grupos criminales y operativos policiales masivos. En Morelos, la Universidad Autónoma del Estado (UAEM) enfrenta tensión por protestas; en Michoacán, un ataque dejó un muerto; en Coahuila se reportaron más de 100 detenidos, y en Chiapas autoridades capturaron a cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas y Guatemala.
En el estado de Morelos, la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, convocó al diálogo para resolver las protestas estudiantiles, aunque la situación se complicó tras filtrarse un video que, según reportes, busca criminalizar las manifestaciones. El contenido específico del material audiovisual no fue detallado por las autoridades universitarias.
Michoacán fue escenario de un ataque armado contra una jefatura de tenencia en el municipio de Tangamandapio, donde una persona perdió la vida. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometió “cero impunidad” en el caso, compromiso que se dio luego de que organismos internacionales, incluida la ONU, ejercieran presión para esclarecer el homicidio de Bernardo Bravo, aunque no se aclaró si la declaración responde a una falta de avances previos en la investigación.
En el norte del país, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó sobre un operativo de seguridad que resultó en la detención de más de 100 personas. Mientras tanto, en Yucatán, cuatro policías municipales fueron detenidos por su presunta vinculación con actividades delictivas, aunque no se especificó su relación con algún grupo criminal en particular.
La violencia también se hizo presente en comunidades indígenas. En Guerrero Grande, Oaxaca, la agente municipal Eustaquia Sandoval Galindo denunció la presencia de civiles armados que generan violencia, afectando a una población de aproximadamente 250 habitantes mixtecos. Sandoval Galindo señaló la ausencia de policías estatales y federales en la zona, lo que agrava la vulnerabilidad de la comunidad.
En el sureste, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas confirmó la captura de cuatro individuos presuntamente ligados al Cártel Chiapas y Guatemala. En Veracruz, las autoridades reportaron una detención, y en Nuevo León se registraron incidentes relacionados con grupos criminales, entre ellos Los Blancos de Troya, aunque sin ofrecer cifras detalladas.
Este mosaico de violencia evidencia los desafíos multidireccionales que enfrenta la seguridad pública en México, donde la crisis se manifiesta tanto en ámbitos urbanos y educativos como en comunidades rurales e indígenas, frecuentemente con una respuesta estatal fragmentada o insuficiente.