Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de peculado y abuso de autoridad, relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para un proyecto de planta fotovoltaica que no se concretó. La resolución fue emitida tras una audiencia que se extendió por casi 24 horas, donde la defensa argumentó sin éxito la desestimación de los cargos.
La Fiscalía General del Estado de Baja California investiga el contrato firmado durante la administración de Bonilla, el cual comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante 30 años, representando un desembolso total de 4,500 millones de pesos. Según la investigación, el proyecto tenía como objetivo dotar de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana, pero la planta nunca fue construida.
Durante la audiencia, que inició a las 09:23 horas, los defensores Humberto Velazco e Hiram Sánchez presentaron cinco líneas argumentativas para intentar desestimar la imputación. Entre sus planteamientos, señalaron que los pagos de 123 millones de pesos se realizaron entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a la conclusión del mandato de Bonilla en octubre de 2021. Asimismo, sostuvieron que el delito de uso ilícito de facultades no aplicaba porque el proyecto era un contrato plurianual para adquisición de servicio y no una adquisición de crédito fiscal.
Pese a los argumentos de la defensa, el juez Gerardo Anguiano Ceja consideró que existen elementos suficientes para que el exmandatario enfrente un proceso penal en calidad de coautor. El juez estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y impuso como medida cautelar el pago de 100 mil pesos. Bonilla Valdez, quien actualmente se desempeña como dirigente estatal del Partido del Trabajo, se mantiene como inocente en tanto no se determine su responsabilidad mediante sentencia.
El caso ha reaberto el debate político en Baja California en un contexto de conflicto entre el exgobernador y la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila. El expediente judicial retoma su curso después de haber estado estancado durante casi cuatro años, debido al fuero constitucional con el que contaba Bonilla durante su etapa como senador y diversas ausencias en audiencias. Fue hasta inicios de marzo de 2026 cuando se giró una orden de presentación en su contra, lo que permitió retomar el procedimiento.