La Paz, 28 de marzo de 2026.- La Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur vinculó a proceso a Fernanda Villarreal González, exdirectora del Instituto de la Vivienda (INVI), por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La dependencia estatal detectó un esquema de transferencias bancarias que suma más de 54 millones de pesos provenientes de cuentas de la institución.
De acuerdo con las indagatorias en materia de inteligencia patrimonial y financiera, se identificaron aproximadamente 3,591 operaciones en el sistema financiero mexicano realizadas por integrantes de una red de corrupción. El monto total de los recursos presuntamente desviados asciende a 54 millones 876 mil 222 pesos.
En lo específico contra la exfuncionaria, la autoridad imputó la disposición de 762,000 pesos para uso personal durante su gestión. Además, la investigación señala a Villarreal como operadora de Adán Augusto López Hernández durante el proceso interno de Morena entre 2022 y 2023, aunque esta conexión política no ha sido judicializada en la presente etapa procesal.
El caso involucra a otros detenidos relacionados con el desfalco al erario estatal. Javier Ramírez Manjarrez, exjefe de contabilidad del INVI, permanece internado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz desde hace más de dos años sin sentencia por peculado. Asimismo, han sido detenidos Edy Hassan, socio de Ramírez, y Juan Antonio de Jesús Ramírez, hermano del exfuncionario.
Por operaciones con recursos de procedencia ilícita también fue llamado a cuentas Juan Manuel Reyes Cervantes, exadministrador del instituto. Fuentes de la Contraloría Estatal citadas por medios locales indicaron que Villarreal y Reyes debieron ser acusados originalmente por peculado, señalando que el delito por el que actualmente están señalados podría ser desechado, contradicción que contrasta con la acción formal de la Fiscalía Anticorrupción.
La red de corrupción en el INVI continúa bajo investigación para determinar el alcance total del daño patrimonial y la participación de otros actores en el manejo irregular de los fondos públicos destinados a programas de vivienda en la entidad.