A escasos 22 días de la jornada electoral federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que sólo ha recibido 273 solicitudes de protección de candidatos, de las que atendió 250 porque 23 aspirantes declinaron; además, sólo reconoce el asesinato de 15 candidatos, con lo cual desconoce 8 asesinatos, porque organizaciones civiles afirman que van 23 víctimas, sin contar lesionados.
“Los asesinatos de dos activistas trans, tres exalcaldes, dos exregidores y un exdirigente priista fueron omitidos del registro de homicidios a candidatos, precandidatos y aspirantes a un cargo durante el actual proceso electoral federal que presentó Rosa Icela Rodríguez, titular de Protección Ciudadana (SSPC)”, aseguraron las organizaciones.
Señalaron que de acuerdo con su conteo oficial, solamente reconocen el registro de 15 personas asesinadas como candidatas y candidatos a cargos de puestos de elección popular.
Pero en el informe “Votar entre Balas”, elaborado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa se establece que desde el inicio formal del actual proceso electoral federal, en septiembre del año pasado, a la fecha 23 aspirantes, precandidatos y candidatos han sido asesinados.
Comentaron que el equipo de prensa de Rosa Icela Rodríguez dijo a Animal Político que revisará el caso de los ocho nombres que se omiten en su informe.
Antes de esto, la SSPC, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, aseguró que contaban con esa protección las y el aspirante a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia; Xóchitl Gálvez, de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.
En este proceso electoral están en juego nueve gubernaturas y, hasta la fecha se está brindando seguridad a 10 candidatos; también a 32 aspirantes al Senado de la República y 110 candidatos a una diputación federal.
El protocolo establece que la solicitud de seguridad se debe presentar al INE, para hacer una evaluación de cada caso en particular y, a partir del nivel de riesgo, autorizar el tipo de operativo.
Para los casos de aspirantes a presidencias municipales y diputaciones locales, los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) hacen la evaluación y autorización respectiva.
En los casos de cargos federales, el protocolo de seguridad establece que, ante un riesgo alto, la seguridad se brinda con el apoyo de 10 elementos de la Guardia Nacional y cuatro vehículos.
Mientras que para un riesgo medio están asignados ocho elementos federales en tres vehículos, y cuando el riesgo se considera bajo se asignan 2 guardias nacionales y un vehículo.
Por Abel López Jiménez.