Por Luis Martínez Alcántara
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley Laken Riley, que permite la detención de migrantes indocumentados acusados de delitos menores como hurtos o robos, así como agresiones a agentes de policía.
Esta legislación, la primera de su segundo mandato, lleva el nombre de una estudiante de enfermería de 22 años asesinada por un migrante venezolano en situación irregular.
La ley establece que los migrantes sin documentación legal que sean arrestados o acusados de ciertos delitos deben ser detenidos automáticamente, sin necesidad de una condena previa. Además, otorga a los fiscales generales estatales la facultad de demandar al gobierno federal por decisiones de política migratoria que consideren perjudiciales para sus estados.
Durante la ceremonia de firma, Trump anunció planes para utilizar la base naval de Guantánamo, en Cuba, como centro de detención para hasta 30,000 migrantes considerados peligrosos. Argumentó que algunos inmigrantes son tan peligrosos que no se puede confiar en que sus países de origen los retengan.
La promulgación de esta ley provocó críticas de organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores demócratas, quienes argumentan que podría conducir a detenciones masivas arbitrarias y a la separación de familias.
Amnistía Internacional calificó la medida como xenófoba y deshumanizadora, advirtiendo sobre posibles violaciones de derechos humanos y caos judicial.
La Ley Laken Riley refuerza la agenda migratoria de Trump, marcando el inicio de futuras medidas contra inmigrantes indocumentados. La administración también ha considerado otras acciones, como la revocación del estatus de protección temporal para ciertos grupos de migrantes y la ampliación de centros de detención.