Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades en México representan el 50.7% del territorio nacional, agrupando a 3,266 núcleos agrarios. Sin embargo, solo el 48% de estos cuenta con sus órganos de representación actualizados, una situación que Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó como “preocupante”.
La falta de órganos de representación vigentes impide a los ejidos realizar trámites esenciales, como abrir una cuenta bancaria, obtener su registro federal de contribuyentes o solicitar apoyos a dependencias federales para la explotación de sus bosques.
De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, se han recibido 8,764 solicitudes de depuración de padrones, lo que equivale al 27% del total de núcleos agrarios del país. De este universo, únicamente 1,589 han sido actualizadas, representando apenas el 4.9% del total de solicitudes.
Además de la representación, solo el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado su reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría de estos documentos presentan deficiencias. Por otro lado, el 64% de los ejidatarios sí cuenta con su lista de herederos actualizada.
Este escenario se deriva del marco de la Ley Agraria promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Dicha legislación permitió la privatización de la tierra mediante certificados de dominio pleno, facultando a los ejidatarios para vender o rentar sus tierras.
Bajo este esquema, los ejidatarios pudieron rentar sus tierras a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y captura de carbono. Ante este contexto, García Jiménez señaló que se “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y establecer candados a los elementos jurídicos que facilitaron los hurtos.