Por Redacción:
Ciudad de México, 2 de octubre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su conferencia matutina que las propiedades expropiadas esta semana por el gobierno de Layda Sansores San Román en Campeche —vinculadas a familiares y allegados del senador Alejandro Moreno Cárdenas— “son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción”, y sostuvo que ese es el fundamento del esquema aplicado por la administración estatal. La frase quedó registrada en la conferencia de este miércoles y fue recogida por medios nacionales que cubrieron el mensaje.
La declaración presidencial siguió al anuncio del 30 de septiembre en el que la gobernadora Sansores hizo pública la declaratoria de utilidad pública para expropiar cuatro predios en la capital campechana con destino a un plantel universitario denominado “Rosario Castellanos”. En sus notas, La Jornada ubicó los lotes en el fraccionamiento Miramar y calculó la superficie en ocho hectáreas; El Universal consignó que la declaratoria fue publicada en el Periódico Oficial y que los polígonos están vinculados a familiares de Moreno. De acuerdo con esas coberturas, uno de los predios está a nombre de Yolanda Cárdenas Montero, madre del exgobernador, y otros corresponden al arquitecto Juan José Salazar Ferrer, identificado como cercano al dirigente priista.
En su respuesta pública, Alejandro “Alito” Moreno rechazó las acusaciones y calificó el proceso como persecución política; anunció que demandará a la gobernadora por la expropiación del predio de su madre. En entrevistas y publicaciones difundidas el martes y el miércoles, el dirigente del PRI sostuvo que los bienes están acreditados legalmente. Estas reacciones quedaron registradas por TV Azteca y otros medios que siguieron su posicionamiento.
La cronología inmediata es verificable: el 30 de septiembre el gobierno de Campeche anunció la expropiación y detalló que el destino será una universidad pública; el 1 de octubre la presidenta Sheinbaum vinculó esos inmuebles con “lavado de dinero de la corrupción” y relacionó el caso con su intención de fortalecer la Ley de Extinción de Dominio para agilizar el destino social de bienes de procedencia ilícita. En sus notas, Expansión Política y El Imparcial citaron textualmente esa explicación.
El contexto normativo incluye la reforma estatal conocida coloquialmente como “Ley Alito”, aprobada a inicios de septiembre por el Congreso de Campeche, que amplía las facultades del Ejecutivo para declarar utilidad pública y ocupar predios con fines de interés social; el Decreto Promulgatorio fue publicado en el Periódico Oficial del Estado. Animal Político reseñó el alcance de esa reforma en clave de política pública.
A la luz de ese marco, en los comunicados y coberturas consultadas se identifican dos versiones en curso: la institucional del gobierno federal y del de Campeche —que justifican las expropiaciones alegando que los predios fueron adquiridos con recursos de corrupción y lavado— y la defensa del senador Moreno —que niega irregularidades, habla de persecución y anuncia acciones legales—. Hasta el momento no hay una resolución judicial sobre la licitud de origen de esos bienes; todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia.