Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes desde Palacio Nacional el envío al Congreso de la Unión de una nueva iniciativa de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, que se centra en reducir el presupuesto de los congresos locales y el número de regidores en los municipios, con el objetivo declarado de reorientar esos recursos hacia obra pública en estados y municipios. La propuesta, que será remitida formalmente este martes 17 de marzo, surge después de que una iniciativa más ambiciosa, conocida como ‘Plan A’, fuera rechazada el pasado 11 de marzo en la Cámara de Diputados, incluso por los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Sheinbaum explicó que el acuerdo alcanzado con el PT y el PVEM para esta nueva propuesta permitirá generar un ahorro aproximado de 4,000 millones de pesos. La mandataria aseguró que los fondos liberados por la reducción de legislaturas estatales y ayuntamientos serán etiquetados específicamente para inversión en infraestructura, aunque no detalló el mecanismo legal preciso para garantizar dicho destino.
La iniciativa evita, por el momento, los cambios más controversiales a nivel federal que incluía el ‘Plan A’, como una reducción significativa del financiamiento a los partidos políticos o modificaciones profundas al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sheinbaum reconoció que este objetivo no se logró en la propuesta actual, pero afirmó que su gobierno seguirá insistiendo en reducir los privilegios de los institutos políticos.
El análisis de la propuesta sugiere que la carga de la austeridad recaerá principalmente en las entidades federativas y los municipios, lo que ha generado críticas sobre una posible vulneración al federalismo. Como ejemplo de los costos que se buscan recortar, se menciona que el sostenimiento de un diputado local en Baja California asciende a más de 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima es de aproximadamente 5.1 millones de pesos.
El fracaso del ‘Plan A’ se atribuyó, según análisis políticos, al temor de los partidos aliados a contribuir a la formación de un partido hegemónico y a poner en riesgo su propio registro. Aquella iniciativa incluía, entre otros puntos, reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes. La presentación del ‘Plan B’ marca un repliegue táctico del gobierno federal, que ahora busca avanzar con una reforma de alcance limitado que cuente con el apoyo necesario para su aprobación en el Congreso.
El proceso legislativo que enfrentará la iniciativa y la postura que adoptarán los partidos de oposición aún no están del todo claros. La aprobación de una reforma de esta naturaleza podría requerir mayorías calificadas y, en algunos casos, la ratificación de los congresos locales, lo que anticipa un debate complejo en las siguientes semanas.