Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores se prepara para discutir y votar el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la expectativa de cerrar la aprobación antes del inicio de la Semana Santa. Aunque no existe una confirmación oficial definitiva sobre la fecha exacta, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la votación está programada para el miércoles 25 de marzo, contando con el respaldo de sus aliados del PT y el PVEM.
La propuesta ha generado una fuerte división en el Congreso. Mientras la coalición gobernante argumenta que la reforma busca fortalecer la participación ciudadana y ajustar el funcionamiento de los órganos electorales, la oposición la ha calificado severamente. El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, definió la iniciativa como un ‘Plan Maduro’, equiparándola con medidas autoritarias, mientras que columnistas de opinión la han etiquetado como una ‘Ley Maduro’ y un posible ‘golpe de Estado’ contra la democracia institucional.
Uno de los puntos más controversiales de la reforma es su impacto financiero en los municipios. Según los datos analizados, la modificación constitucional implicaría un aumento en el número de integrantes de los cabildos en aproximadamente 1,100 municipios de todo el país, mientras que solo 56 verían reducida su estructura. El diputado Elías Lixa Abimerhi criticó abiertamente que esta medida generará más gasto público en lugar de ahorro, obligando a las localidades a expandir sus cuerpos legislativos locales.
El efecto desigual de la reforma ha sido destacado con cifras concretas. En el estado de Yucatán, por ejemplo, se estima que el 74% de los municipios tendría que ampliar su cabildo, lo que derivaría en la creación de 221 regidurías adicionales. Este aumento de representantes ha sido cuestionado por legisladores opositores que ven en ello una estrategia de clientelismo y expansión del aparato gubernamental, contradiciendo el discurso de austeridad republicana.
Además del tamaño de los cabildos, la inclusión de la revocación de mandato en el ‘Plan B’ ha sido objeto de debate jurídico. Medios como López-Dóriga Digital han señalado que este mecanismo resulta improcedente en el contexto actual, dado que no se ha configurado la ‘pérdida de confianza’ hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, requisito establecido constitucionalmente para activar dicho proceso. A pesar de estas reservas, el PVEM y el PT mantienen su apoyo general a la iniciativa, aunque con discusiones internas sobre aspectos específicos.
La votación del próximo miércoles marcará un punto de inflexión en la legislatura, definiendo si la mayoría de Morena y sus aliados logran imponer la reforma constitucional pese a la resistencia del PRI, PAN y PRD. De ser aprobada en el pleno, la iniciativa pasará a las etapas de leyes secundarias, cuyo contenido y plazos aún no han sido detallados oficialmente por los coordinadores parlamentarios.