Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- El uso de códigos QR ha crecido exponencialmente tras la pandemia, facilitando transacciones y acceso a información, pero también abriendo puertas a fraudes. Ciberdelincuentes aprovechan esta tecnología para robar datos personales y financieros a través de estrategias como “QRishing”, que redirige a sitios fraudulentos, o “QRLjacking”, que secuestra cuentas de mensajería.
Estas prácticas son una preocupación en México, donde no hay estadísticas precisas nacionales, pero autoridades como la Profeco y la Policía Cibernética advierten de su incremento.
Los usuarios más afectados suelen ser quienes tienen menos conocimientos en ciberseguridad o acceden a estos códigos sin verificar su autenticidad. Profesionales que frecuentan lugares públicos, como restaurantes y oficinas, están especialmente expuestos, ya que los códigos QR maliciosos son colocados estratégicamente en estos sitios. Sin embargo, tanto hombres como mujeres están igualmente vulnerables, dado que las estafas no discriminan género, sino hábitos tecnológicos.
Para evitar caer en estos fraudes, se recomienda verificar siempre la fuente del código, utilizar aplicaciones de escaneo con medidas de seguridad y evitar escanear códigos en correos o mensajes sospechosos. Es esencial comprobar que las URL coincidan con los sitios web oficiales y mantener actualizado el sistema operativo y antivirus de los dispositivos. Ante cualquier duda, las autoridades instan a cerrar la página de inmediato y reportar la actividad sospechosa.
Si se comparte información sensible, se debe actuar rápidamente: cambiar contraseñas, contactar al banco en caso de datos financieros y reportar el incidente a la Policía Cibernética. Esta última atiende reportes mediante líneas telefónicas y correos electrónicos específicos para este tipo de delitos, ayudando a mitigar el impacto de los fraudes tecnológicos.
El crecimiento de las ciberestafas con códigos QR refleja la necesidad de adoptar una cultura de prevención digital. Las recomendaciones emitidas por las autoridades buscan reducir significativamente los riesgos, protegiendo tanto la privacidad como la economía de las personas en un entorno tecnológico que, aunque útil, puede ser peligroso si no se maneja con cautela.