Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró definitivamente a Pío López Obrador de las acusaciones por financiamiento ilícito al partido Morena, cerrando un proceso legal que se extendió por casi seis años. La resolución, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, concluye que no existen pruebas contundentes para sancionar al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a la existencia de material videográfico que lo muestra recibiendo sobres con dinero en efectivo.
El caso tuvo su origen en agosto de 2020, cuando el medio Latinus, dirigido por Carlos Loret de Mola, difundió videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas. En dichas imágenes se observa a Pío López Obrador recibiendo cantidades de dinero de David León Romero; los montos mencionados en las grabaciones ascienden a un millón de pesos y 400 mil pesos. A pesar de esta evidencia visual, la magistrada Mónica Soto y el resto de la Sala Superior determinaron que el material no tuvo valor probatorio suficiente para establecer la comisión de un delito o falta administrativa.
Esta decisión judicial pone punto final a una serie de investigaciones previas que no lograron establecer responsabilidades. El Instituto Nacional Electoral (INE) había cerrado su indagatoria en 2021 argumentando la prescripción de la falta, mientras que la Fiscalía General de la República archivó el caso penal en octubre de 2022 por falta de elementos para proceder. Pío López Obrador, quien impugnó el caso ante el TEPJF desde octubre de 2020, ha declarado públicamente no haber cometido ninguna falta o delito, posición que ahora respalda la autoridad electoral.
La resolución del TEPJF presenta una contradicción notable respecto a las fuentes periodísticas y la evidencia física. Mientras los reportes enfatizan la claridad de los videos y la imposibilidad de rastrear el destino del dinero, el tribunal sostuvo que no hay vínculos probados que configuren el financiamiento ilícito. Esta discrepancia marca el cierre de un capítulo que ha acompañado la administración federal desde sus inicios.
Con este fallo, se concluye la vía legal abierta hace más de cinco años, aunque persisten interrogantes sobre los detalles específicos que llevaron al tribunal a desestimar el valor de las grabaciones. Asimismo, queda pendiente el resultado o estado actual de la demanda que Pío López Obrador interpuso contra Carlos Loret de Mola por las afectaciones a su prestigio derivadas de la difusión original del material.